FORESTALES: "ES SOLO UN ARMA JUDICIAL PARA IMPEDIR EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS"
Un grupo de productores forestales y del sector de la foresto industria nucleados en la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño (AefoCh) expuso a través de un documento que la Ley de Bosques 26331 se convirtió en un arma judicial que paraliza proyectos productivos en el Chaco.
Organizaciones ambientalistas multiplican amparos mientras la provincia reclama autonomía para decidir sobre su desarrollo, dice el escrito firmado por Miguel Angel López, exdirector de Bosques y actual productor forestal. El Congreso, en tanto, debate la derogación de una norma que tensiona ambiente y producción desde hace más de una década.
El Chaco exige un marco propio
Entre la defensa ambiental y la necesidad de crecimiento, el Chaco exige "un marco normativo propio", afirma López. El Congreso Nacional abre un debate que puede redefinir el futuro productivo del Chaco: la posible derogación o reforma de la Ley de Bosques 26331. Una norma que, lejos de impulsar el equilibrio entre ambiente y desarrollo, se convirtió en "un obstáculo para las economías regionales y en un terreno fértil para la judicialización de proyectos estratégicos".
Un debate que vuelve al Congreso
En el Congreso Nacional comienza a instalarse un debate que promete marcar un antes y un después para la provincia del Chaco: la derogación —o al menos la reforma sustancial— de la Ley de Bosques 26331.
"Esta norma, sancionada en 2007 con el objetivo de ordenar el uso de los recursos forestales, ha sido señalada por distintos sectores productivos como un freno al desarrollo económico y social de la región. Como exfuncionario y dirigente forestal, sostengo que es necesario revisar un marco regulatorio que, lejos de promover un equilibrio entre producción y ambiente, ha terminado siendo un obstáculo para el desarrollo", dijo.
López: "Se plantea la necesidad de un marco normativo que permita compatibilizar esa protección con el desarrollo productivo".
Herramienta de bloqueo
La Ley de Bosques fue presentada como una política de conservación, pero en la práctica se convirtió en un instrumento para detener proyectos productivos. Organizaciones ambientalistas han recurrido sistemáticamente a la justicia para interponer amparos, muchas veces sin sustento técnico, logrando paralizar inversiones y obras claves para la provincia.
La justicia, que no siempre cuenta con la preparación técnica necesaria en materia agronómica y forestal, terminó siendo el escenario donde se definieron cuestiones estratégicas para el futuro productivo del Chaco. El resultado fue un clima de inseguridad jurídica que desalentó la inversión y limitó la expansión agrícola y forestal.
Desarrollo provincial
El efecto de esta norma en el Chaco ha sido profundo: proyectos forestales detenidos por medidas cautelares. Inversiones frenadas en sectores agrícolas y ganaderos. Pérdida de competitividad frente a otras provincias con marcos regulatorios más flexibles.
Desempleo rural y migración de trabajadores hacia centros urbanos. En lugar de promover un modelo sustentable, la Ley de Bosques terminó condicionando el progreso de comunidades enteras, generando un atraso que aún hoy se siente en la economía provincial.
Ambiente y producción
El debate actual no desconoce la importancia de proteger los recursos naturales. Lo que se plantea es la necesidad de un marco normativo que permita compatibilizar esa protección con el desarrollo productivo.
La provincia del Chaco, con su potencial forestal y agrícola, no "puede quedar atrapada en un esquema rígido que desconoce las realidades locales". La discusión en el Congreso abre la posibilidad de diseñar un modelo más equilibrado, que respete el ambiente pero que también garantice oportunidades de crecimiento y empleo para los trabajadores rurales.
Entre ambientalismo y autonomía provincial
SÁENZ PEÑA (Agencia). Las organizaciones ambientalistas sostienen que la derogación de la ley significaría un retroceso en materia de conservación. Sin embargo, los sectores productivos remarcan que el verdadero retroceso es condenar a las provincias al atraso, impidiendo que definan sus propias políticas de desarrollo. El caso del Chaco se convierte así en un ejemplo de la tensión entre un ambientalismo de escritorio y la realidad de quienes producen en el territorio.
Reflexión final
La discusión sobre la Ley de Bosques no es solo técnica ni ambiental: es profundamente política e institucional. La provincia del Chaco debe recuperar la autonomía para decidir cómo proteger sus recursos naturales sin quedar atada a un esquema centralista que desconoce las realidades locales.
Defender el medio ambiente es una obligación, pero hacerlo desde una mirada provincial permite diseñar políticas más justas, equilibradas y sostenibles, que garanticen tanto la conservación como el desarrollo. La verdadera soberanía ambiental se construye desde los territorios, con la voz de quienes viven y producen en ellos.
D.N
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