PROPONEN MODIFICAR LA LEY DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS
El nuevo proyecto de ley busca modificar el artículo 5º de la Ley 4197-G, normativa que establece la realización de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos.
Un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 5º de la Ley 4197-G, normativa que establece la realización de exámenes toxicológicos obligatorios para el ejercicio de la función pública en la provincia del Chaco. La iniciativa busca ampliar los lugares habilitados para realizar los estudios y facilitar su cumplimiento en todo el territorio provincial.
El proyecto fue impulsado por los legisladores Rubén Omar Guillón, Carlos Héctor Salom y Nicolás Slimel, quienes plantearon una modificación puntual del artículo referido a las autoridades de referencia encargadas de realizar los análisis.
Actualmente, la ley establece como organismos oficiales al Laboratorio Central de la Provincia y al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial. Con la modificación propuesta, también se habilitaría a laboratorios de análisis clínicos del sector privado, siempre que cuenten con directores técnicos matriculados y estén colegiados ante el Colegio Bioquímico del Chaco.
La iniciativa también establece que el costo del examen toxicológico deberá ser afrontado por los propios funcionarios alcanzados por la ley, manteniendo el carácter obligatorio del estudio para el ejercicio de cargos públicos.
En los fundamentos del proyecto, los autores sostienen que la medida busca mejorar la operatividad de la norma recientemente sancionada y garantizar su aplicación efectiva en toda la provincia. Según explicaron, muchos funcionarios, especialmente intendentes y concejales de localidades alejadas, enfrentan dificultades para trasladarse hasta Resistencia para realizarse los estudios.
En ese sentido, la incorporación de laboratorios privados permitiría descentralizar el sistema y evitar demoras administrativas, además de prevenir una posible saturación en la capacidad operativa del Laboratorio Central y del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, organismos que también atienden otras demandas sanitarias y judiciales.
Los legisladores señalaron además que los laboratorios privados propuestos cuentan con profesionales matriculados y supervisados por el Colegio Bioquímico del Chaco, lo que garantiza la validez técnica y jurídica de los resultados obtenidos.
De aprobarse la modificación, el sistema permitiría que la toma de muestras y los análisis se realicen en una red de laboratorios privados distribuidos en distintas localidades, mientras que los organismos públicos continuarían cumpliendo su rol como autoridades de referencia.
D.CH
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