EL GOBIERNO BUSCA APROBAR EL PROYECTO DEFINITIVO DE LA REFORMA LABORAL ANTES DEL INICIO DEL PERIODO ORDINARIO

La idea de la Casa Rosada es que Javier Milei pueda jactarse de la sanción de la ley durante la apertura de sesiones del 1 de marzo en el Congreso.

Al Gobierno no le quedó otra y tuvo que maniobrar en el Congreso. A pesar de que se mostraba inflexible ante la idea de modificar el proyecto de Reforma Laboral, los cuestionamientos de sectores aliados –por lo irracional de varios puntos-, los obligó a dar marcha atrás y habilitar cambios de última hora en el texto, específicamente en el artículo referido al régimen de licencias médicas, por lo que luego de las modificaciones deberá volver al Senado, donde quiere que se vote el 27.

Es que la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich metió mano sobre el régimen de licencias médicas, pero propios y ajenos salieron a marcarle la brutalidad de la modificación y el oficialismo tuvo que reconocer el “error” (ver aparte). Según pudo saber Página/12 pretenderán discutir el tema más adelante, por fuera de esta norma. Desde la oposición criticaron la maniobra. Para el diputado de Fuerza Patria Nicolás Trotta, este cambio es una estrategia que consiste en “ceder en un punto para imponer un retroceso integral de derechos laborales”.

Luego de conseguir la media sanción en el recinto de la Cámara baja, el proyecto deberá ser girado nuevamente al Senado, que tendrá la última palabra sobre si acepta los cambios introducidos, o si insiste con el texto original. No podrá hacer ningún cambio más en el proyecto, lo que significa que toda mejora a la ley debe hacerse en Diputados. La fecha prevista para la sesión en el Senado es el 27 de febrero, lo que da cuenta de una carrera contrarreloj, para tener la ley antes de la apertura de sesiones ordinarias, y que el presidente Javier Milei pueda jactarse de la sanción el domingo 1° de marzo.

Desde la Casa Rosada ya difundieron el cronograma para estas semanas. Luego de la firma del dictamen en el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación del Trabajo de Diputados- que se realizará hoy- la ley pasará al recinto mañana jueves.

En un primer momento, desde el bloque de diputados de LLA aseguraban que solo se permitirá una única modificación en el texto y sería sobre el artículo 44, pero por estas horas continúan las negociaciones en busca de consensos para que no se caigan otros artículos.

Todo lo que aun afecta a los trabajadores

Entre los puntos más polémicos también se encuentra la baja de las indemnizaciones por despido, que plantea que el sueldo que se va a tomar para el cálculo no es el mejor sino el sueldo básico. Se excluyen así conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. A su vez, establece la creación del cuestionado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financia a las empresas para que puedan despedir empleados y que fue fuertemente criticado por la oposición en el Senado.

Por otro lado, la reforma habilita ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, y crea el banco de horas, que permitiría que las horas extra en vez de ser pagas sean “compensadas” en otra jornada laboral.

También se limitará el derecho a huelga y a realizar asambleas en horario laboral. Además, se declaran decenas de servicios como esenciales para limitar los paros, y restringir así la capacidad de lucha de los trabajadores.

La reforma crea también un régimen específico para los servicios de reparto y movilidad a través de plataformas digitales que, en los hechos, establece que quienes realizan esas tareas sean considerados “prestadores independientes” y no trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.

Otro punto sensible del proyecto es la derogación de la Ley de Teletrabajo, vigente desde 2021. Esa norma regula el trabajo a distancia mediante el uso de tecnologías y garantiza que quienes realizan tareas desde su domicilio tengan los mismos derechos que el personal que trabaja de forma presencial.

Se derogan estatutos como el del Periodista, el del Peluquero y el del Viajante de Comercio, lo que busca eliminar regulaciones particulares que durante décadas establecieron condiciones propias para cada sector. También se afecta al Incaa, porque se elimina el fondo que financia y sostiene a la industria audiovisual argentina.

La reforma, igualmente ataca la prioridad que tenían los convenios por empresa sobre los convenios de actividad. Actualmente, un sindicato nacional negocia un piso de derechos para toda la rama, pero con la reforma, cada empresa puede negociar condiciones inferiores a ese piso nacional.

Otro cuestionamiento es porque el proyecto viola el principio de progresividad, que supone que los Estados están comprometidos a legislar de manera no regresiva en materia de derechos. Es decir, una vez que el Estado reconoció y garantizó un derecho social, no debería poder volver atrás salvo circunstancias excepcionales. Pero esta norma no solo pasa por alto tratados Internacionales, sino que es contraria a lo que manda el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado en 1957, por la autodenominada “Revolución Libertadora” que busca proteger a los trabajadores. Es, en definitiva, volver en el tiempo.